Archivo de la categoría: Artículos

¿Por qué no hay criminólogos en las prisiones?

Por qué no hay criminólogos en las prisiones29/06/2014

Resulta llamativo que no existan puestos de criminólogos en las prisiones españolas. Los criminólogos son especialistas en el análisis de la conducta delictiva, sus causas, las herramientas de intervención y los métodos de prevención. La Ley orgánica general penitenciaria 1/1979, de 26 de septiembre (en adelante LOGP), claramente inspirada por la Criminología clínica, estableció el “sistema de individualización científica” como forma de ejecución de las penas privativas de libertad (art. 72.1), consistente en la aplicación de un tratamiento individualizado (y voluntario) a cada interno, fruto del estudio de las distintas disciplinas científicas presentes en los equipos de trabajo penitenciarios que, indagando sobre el origen del comportamiento criminal de cada interno, ofrecerían a éste un programa personalizado destinado a su rehabilitación o reinserción social. Seguir leyendo

Acumulación de condenas de tribunal extranjero

Acumulación de condenas de tribunal extranjeroArtículo publicado el 4/06/14 (actualizado a 10/12/14).

La Sentencia 186/2014 del Tribunal Supremo, de 13 de marzo de 2014, ha reconocido recientemente la posibilidad de acumular sentencias nacionales y sentencias dictadas por un tribunal de otro Estado de la Unión Europea. Destaca en su base argumental la importancia que concede a la normativa comunitaria en la interpretación de las normas nacionales, independientemente de la mayor o menor diligencia del gobierno en la incorporación de dicha normativa a nuestro ordenamiento interno. No hay que perder de vista, por otro lado, que esta sentencia admite la posibilidad de incluir en una acumulación sentencias cuyas penas ya hubieran sido cumplidas, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 988 in fine de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece: Seguir leyendo

Comparecencias en el Juzgado por días de prisión (abonos)

Compensación comparecencias juzgado

04/05/2014

La compensación del tiempo pasado en prisión preventiva por días de prisión una vez impuesta la pena privativa de libertad (artículo 58.1 del Código penal) es una operación jurídica que está a la orden del día, incluso aunque la causa por la que se permaneció en prisión provisional sea distinta de la causa en la que el reo se beneficia de dicho abono (siempre que se cumplan los requisitos de los apartados 2 y 3 de dicho artículo). Ahora bien, la compensación con días de prisión de la obligación de comparecer periódicamente en el Juzgado durante una situación de libertad provisional es algo relativamente reciente. Y no precisamente porque haya existido una reforma de la ley penal, sino por la aparición de un nuevo criterio interpretativo adoptado por el Tribunal Supremo. Seguir leyendo

Los indultos y el jurista de prisiones

Los indultos y el jurista de prisiones10/04/2014

Con relativa frecuencia los Juzgados y Tribunales solicitan a los Centros Penitenciarios un informe sobre el penado que, habiendo solicitado indulto, se encuentra cumpliendo ya la pena de prisión impuesta en sentencia. Ello es así porque el art. 24 de la Ley de 18 de Junio de 1870 que establece las reglas para el ejercicio del derecho de la gracia de indulto, obliga al Tribunal sentenciador a contar con la valoración de Instituciones Penitenciarias antes de remitir al Ministerio de Justicia su informe acerca del indulto. Sin embargo este trabajo resulta muchas veces “incómodo”, especialmente para los Juristas de las prisiones. O al menos para mí. Trataré de explicar los motivos.

La Instrucción 9/2007 de Instituciones Penitenciarias señala que la emisión de los informes relativos a la tramitación de indultos:

(…) debe tener origen en la Junta de Tratamiento, como órgano colegiado y multidisciplinar, que formulará una valoración favorable o desfavorable a la concesión del indulto. Su contenido debe precisar aquellos datos relevantes para la finalidad perseguida y en concreto no deben obviarse todos los referentes a procesos de reinserción y rehabilitación pasada y presente, datos sociales destacables del período pasado en libertad entre la comisión de los hechos delictivos y el ingreso en prisión (si lo hubiere), y todos aquellos que sirvan de motivación al sentido final del informe, correspondiendo su redacción al jurista. Seguir leyendo

La víctima del delito. Anteproyecto de estatuto

Estatuto de las víctimas del delito22/03/2014

La víctima del delito ha venido suscitando en las últimas décadas un creciente interés en el sistema penal y en las tendencias de política criminal de nuestro entorno, trayendo consigo sucesivas reformas de la legislación en torno a la víctima, sus intereses y su protección, tanto en el derecho nacional como internacional.

La concepción del ius puniendi como una potestad exclusiva del Estado, que vino a sustituir la vengaza privada y a separar definitivamente la administración de justicia del interés directo y privado del ofendido, tuvo como consecuencia la neutralización o pérdida de protagonismo de la víctima en el sistema penal, quedando reducida su presencia a determinadas parcelas muy definidas, como la legítima defensa (causa eximente de la responsablidad penal), el perdón del ofendido (causa de extinción de la misma), o la existencia de delitos perseguibles a instancia de parte (injurias, calumnias).

Se ha repetido hasta la saciedad que la víctima del delito constituye la gran olvidada del Derecho penal, tal y como, por ejemplo, reconoció explícitamente la vigente Ley 35/1995 de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. En su exposición de motivos comienza diciendo:

La víctima del delito ha padecido un cierto abandono desde que el sistema penal sustituyó la venganza privada por una intervención pública e institucional, ecuánime y desapasionada, para resolver los conflictos generados por la infracción de la ley penal. Pero, desde una perspectiva más global, la pretensión punitiva del Estado debe acercarse al problema social y comunitario en que el delito consiste para prevenirlo y recuperar al infractor, desde luego, pero además, para reparar en lo posible el daño padecido por la víctima.

Se ha achacado a nuestra legislación penal una desproporción entre la atención que presta al autor del delito y la dedicada a la víctima, centrándose casi exclusivamente en la imposición de la pena infractor y en la ejecución de la misma de cara a su rehabilitación, reinserción y reincorporación a la sociedad, quedando la situación de la víctima y sus secuelas en segundo plano. Numerosas voces científicas han demandado al legislador dedicar una mayor atención a la víctima, a fin de alcanzar un equilibrio bipolar del Derecho. Seguir leyendo

Enfermos mentales en prisión, “fuera de lugar”

Enfermos mentales en prisión, “fuera de lugar”08/03/2014

Siguiendo uno de los objetivos de este blog, el de mostrar realidades un tanto “invisibles” relacionadas con el mundo penitenciario, hoy quiero iniciar un pequeño acercamiento al problema de los enfermos mentales en prisión. Concretamente, en las prisiones españolas.

“Fuera de lugar” es un documental dirigido por el actor y director Fernando Guillén-Cuervo y producido por The Ant Company, que pone el foco en la situación de las personas con trastorno mental en el ámbito penal y penitenciario. Los protagonistas son precisamente algunas personas que han estado internadas en cárceles españolas y que a través de sus testimonios nos exponen de primera mano su situación. Al mismo tiempo, profesionales de la Fundación Manantial complementan la visión del problema, aportando su experiencia y conocimiento en el tratamiento integral de personas con trastorno mental.

El documental es muy, muy sencillo, pero eso hace que destaque el mensaje por encima de cualquier artificio audiovisual. Para ello, el director se basa en el formato de entrevistas personales, cara a cara, para poner el énfasis en las personas.

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Abogados y juristas de prisiones, ¿confusión?

Abogados y juristas de prisiones confusión

Imagen cortesía de freedigitalphotos.net, por Toa55.

02/03/2014

Leemos en el portal de la Junta de Andalucía que, tras casi dos años de espera, parece que al fin va a reanudarse el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) en esta Comunidad Autónoma. Este servicio de asesoramiento jurídico se había instaurado en 2008, mediante un convenio firmado por la Consejería de Justicia, el Ministerio del Interior y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, pacto que se había ido renovando anualmente a través de una addenda. Hasta 2011.

Según informó en su momento el Ministerio, la solicitud de renovación del convenio se venía haciendo a principios de año; sin embargo, esta vez la Junta de Andalucía lo había solicitado en noviembre, casi a un mes de que finalizara el año 2012. Teniendo en cuenta que la Ley de Estabilidad Presupuestaria requiere los informes preceptivos y vinculantes del Ministerio de Hacienda, de la Abogacía del Estado, de la Secretaría técnica de Interior y de la Comisión delegada de Política territorial, parecía claro que el 2012 iba a ser un año “en blanco” en cuanto a la renovación del convenio. Los decanos de los Colegios de Abogados de ciudades andaluzas como Cádiz o Huelva enviaron entonces una carta a los letrados instándoles a suspender los servicios, a petición de la Junta de Andalucía, para evitar que se devengaran actuaciones que no fueran a ser retribuidas.

APDHA (Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía), una de las organizaciones que más ha luchado por la recuperación de este servicio de asistencia letrada, ha declarado lo siguiente: el número aproximado de juristas por preso es de uno por cada 300, por lo que entienden “materialmente imposible” que puedan atender adecuadamente a los internos ya que, además, “no es su función”. “Es absurdo y contradictorio, porque son jueces y parte”, dicen. Y ponen este ejemplo: “es como si a un juez que te ha condenado le pides que te escriba un recurso”.

http://www.eldiario.es/andalucia/asistencia-letrada-especifica-carceles-reanudara

En muchas ocasiones, como en esta noticia, se confunden las funciones del jurista de prisiones con las del abogado que entra en un centro penitenciario. A los juristas nos corresponde, entre otras tareas, informar a los internos de las cuestiones que afectan a su situación penal, procesal y penitenciaria. Pero nuestra labor no es “defenderles”, sino informarles de los recursos jurídicos que tienen a su alcance (acumulación de condenas, abonos de preventiva, recursos contra resoluciones que les afectan, convenios de traslado para condenados extranjeros, pago de la responsabilidad civil derivada del delito, etc), todo ello en orden a mejorar u optimizar su situación durante su estancia en prisión. Seguir leyendo

¿Sistema penal blando? Sobre el populismo punitivo

Populismo punitivo22/02/2014

Uno de los motivos por los que me animé a empezar este blog es porque estoy convencida de que en materia penal y penitenciaria la mayoría de los ciudadanos “no sabe lo que pide”. A menudo la gente reproduce la idea de que tenemos un sistema penal blando, y creo que es más fruto del discurso repetitivo y machacón de los medios de comunicación que de una reflexión seria e informada. Lo indignante es ver cómo se aprovechan los políticos de esa ignorancia para sacar alguna ventaja electoral, vendiendo la necesidad de reformar una y otra vez el código penal (ley que cuenta ya con casi 30 reformas en tan sólo 18 años de vigencia).

La gravedad del asunto radica en que muchos de los efectos de una reforma penal tardan algún tiempo en salir a la luz, muchas veces cuando el partido que estaba en el gobierno ya ha sido relevado. ¿Cómo convencernos, entonces, de su preocupación real?, ¿cómo evitar pensar que les interesa más la noticia (mensajes tipo “tolerancia cero”, “mano dura”, etc) que la trascendencia práctica y real que las modificaciones van a tener a largo plazo? Me permito dudar, y mucho, dado que en mi profesión contemplo a menudo las consecuencias de reformas oportunistas y jurídicamente pobres. ¿Dónde quedó la preocupación por una técnica legislativa exquisita, que asegurara el principio de seguridad jurídica de las normas?, ¿cómo mantener la confianza de la gente en las leyes penales cuando se sucede una reforma tras otra?, ¿es tan difícil encontrar un mínimo consenso acerca de lo que se considera delito, de las penas que se han revelado eficaces y de su mejor forma de ejecución? Resultaría más conveniente un perfeccionamiento continuado del sistema instaurado en 1995, fruto de años y años de estudios e investigaciones sobre la eficacia de los mecanismos punitivos, que una modificación constante de las bases del mismo. Las reformas de gran calado sólo deberían tener lugar excepcionalmente, y como resultado de una reflexión científica suficiente y pausada. ¿No será que los políticos dejaron hace tiempo encerrados a los expertos jurídicos y se erigieron en especialistas de la materia punitiva? Y lo más preocupante, ¿cuánto va a alargarse esta situación? Seguir leyendo

Libertad condicional… ¿sin condiciones?

Libertad condicional sin condiciones17/02/2014

Los extranjeros condenados a penas privativas de libertad, una vez que entran en prisión, tienen varios instrumentos jurídicos al alcance para intentar regresar lo antes posible a su país de origen. Fundamentalmente, a través de Convenios internacionales de traslado de personas condenadas, a través de la sustitución de la pena de prisión por expulsión y a través de la libertad condicional a disfrutar en su país. Es frecuente que nos consulten acerca de estas opciones una vez tienen claro que no desean quedarse en España, bien sea por falta de arraigo, de expectativas laborales, o por la imposibilidad de obtener su regularización. Esto es importante matizarlo porque muchos extranjeros utilizan todos los recursos jurídicos a su alcance para tratar de evitar su expulsión una vez alcancen la libertad definitiva, por lo que nunca se puede generalizar.

Según el art. 192 de nuestro Reglamento Penitenciario, los penados que reúnan los requisitos establecidos al efecto en el Código Penal (artículo 90 y siguientes) cumplirán el resto de su condena en situación de libertad condicional. Podemos resumir esos requisitos en lo siguiente:

  • estar clasificado en tercer grado penitenciario (régimen de semilibertad)

  • haber extinguido las 3/4 partes de la condena

  • haber observado buena conducta

  • que exista respecto del penado un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social (no se entenderá cumplida esta última circunstancia si el penado no ha satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito; y, en el caso de delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales, si no existe desvinculación de su actividad delictiva, petición de perdón a las víctimas o colaboración con las Autoridades).

Por lo general, los internos extranjeros cuentan con menores opciones que los españoles para obtener la libertad condicional en nuestro país, dada la dificultad de entender cumplido el requisito del “pronóstico individualizado y favorable de reinserción social”, fundamentalmente por la frecuente falta de arraigo familiar o social, por la probabilidad de ser expulsados al final de su condena (en cumplimiento de la legislación de extranjería), por la imposibilidad de acceder al mercado de trabajo, etc. Por esta razón, el artículo 197.1 del Reglamento Penitenciario contiene la previsión de que los extranjeros no residentes legalmente en España* puedan disfrutar de la libertad condicional en su país de residencia, siempre que presten su conformidad. La autorización va a corresponder al Juez de Vigilancia Penitenciaria, previa propuesta de la Junta de tratamiento del centro penitenciario en que se encuentre.

El art. 200 del Reglamento Penitenciario prevé que para el seguimiento y control de los liberados condicionales éstos se adscribirán al centro penitenciario o centro de inserción social más próximo al domicilio en que vayan a residir. ¿Cómo se traduce esto en el caso de los extranjeros que cumplirán la libertad condicional en su país? Seguir leyendo

Tasa a los reclusos holandeses. ¿Y a los españoles…?

Tasa a los reclusos holandeses08/02/2014

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Holanda ha anunciado recientemente un proyecto de ley con el que pretende cobrar una tasa de 16 euros diarios a sus reclusos en concepto de estancia en las instalaciones penitenciarias, incluidas las prisiones psiquiátricas y los centros de reinserción de menores (en este caso cobraría a los padres). Por otra parte, el Ministerio está estudiando la posibilidad de que los condenados por sentencias firmes se hagan cargo de una parte de los costes que generan la investigación policial, el procedimiento judicial y la asistencia a las víctimas. “Con esta iniciativa, Holanda sigue a un gran número de países en Europa que tienen sistemas similares”.

La opinión pública de nuestro país no ha tardado en denunciar tales manifestaciones. Por eso, el objeto de este artículo es señalar que en España no estamos tan lejos de llegar a una situación parecida, aunque quizá por otros caminos o vías indirectas. Seguir leyendo