La libertad condicional tras la Ley orgánica 1/2015

La libertad condicional tras la Ley orgánica 1/201515/07/2015

La Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal, ha traído entre sus novedades una nueva concepción de la libertad condicional. Esta deja de entenderse a partir de ahora como tiempo efectivo de cumplimiento de condena, para convertirse en una modalidad de suspensión de la ejecución de la pena que resta por cumplir. Por lo tanto, parece que la libertad condicional ya no va a concebirse como el último grado de ejecución penitenciaria, a pesar de no haberse reformado el art. 72.1 de la Ley orgánica general penitenciaria. Resulta especialmente llamativo, dentro de ese cambio operado en la forma de entender la libertad condicional, que el legislador haya decidido no tener en cuenta el período transcurrido en situación de libertad condicional a efectos de cómputo del tiempo de cumplimiento de condena en caso de producirse la revocación de la libertad condicional, al contrario de lo que venía sucediendo hasta ahora. Dicho de otro modo, si durante el tiempo de suspensión de la condena el Juez revoca la libertad condicional (bien por comisión de nuevo delito, bien por incumplimiento grave de las condiciones impuestas), el penado deberá cumplir toda la pena que le restaba, sin que el tiempo que ha pasado en situación de libertad condicional sea tenido en cuenta. Es decir, lo que en la reforma de la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, se introdujo como excepción para los penados por delitos de terrorismo, se generaliza ahora para toda la población penitenciaria.

La puesta en práctica de las últimas reformas operadas en el Código penal está suscitando una gran cantidad de dudas, especialmente debido al corto período de tiempo de vacatio legis previsto en la Disposición final octava de la LO 1/2015 (3 meses), y la ausencia de planificación y preparación de su puesta en marcha en el ámbito de las administraciones de justicia y penitenciaria. Por no hablar de la cantidad de preceptos de la legislación penitenciaria que han resultado indirectamente afectados y que hasta el momento no parece que exista intención de modificar. Los problemas de interpretación sistemática, por tanto, están siendo numerosos. Y, en lo que concierne a las prisiones, muy especialmente en la tramitación de los expedientes de libertad condicional.

Este tema puede dar para mucha literatura, así que en este artículo me centraré en la cuestión de la aplicación retroactiva o no del nuevo apartado 6º del art. 90 del Código penal, que establece la previsión que acabamos de comentar:

La revocación de la suspensión de la ejecución del resto de la pena y libertad condicional dará lugar a la ejecución de la parte de la pena pendiente de cumplimiento. El tiempo transcurrido en libertad condicional no será computado como tiempo de cumplimiento de la condena.

La Instrucción 4/2015 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dictada a escasos días de la entrada en vigor de la reforma, sorprendentemente ha tomado partido en esta cuestión, inclinándose por entender que la nueva normativa de la libertad condicional se aplicará a todos los penados a partir de la fecha de entrada en vigor de la LO 1/2015. Es más, se indica que estos deberán firmar un documento de consentimiento informado para que se les aplique la nueva legislación de la libertad condicional.

Llegados a este punto, debemos preguntarnos: ¿la Administración penitenciaria tiene clara la aplicación en bloque de la nueva normativa a los liberados condicionales?, ¿considera entonces que todas las modificaciones en este ámbito son beneficiosas para los penados?, ¿no habrá que preguntarse qué incidencia tiene el principio constitucional de irretroactividad de las normas penales desfavorables al reo (art. 9.3 de la Constitución) sobre este asunto?, ¿el penado no tiene derecho a ser oído acerca de la legislación que le resulte más favorable (Disposición transitoria 1ª de la LO 1/2015 y art. 2.2 del Código penal)? En mi humilde opinión, y en la de muchos juristas, todo aquello que afecta al cumplimiento de las penas forma parte del contenido esencial del Derecho Penal. Es decir, el contenido aflictivo de la sanción penal no puede evaluarse solo por el quantum de su duración, sino también por el quantum de la intensidad en su ejecución. Tengo la sensación de estar viviendo un déjà vu respecto a la reforma penal de la LO 7/2003, que introdujo el período de seguridad como límite para el acceso al tercer grado penitenciario (artículo 36 del Código penal).

Refresquemos la memoria.

La Disposición Transitoria única de esta Ley estableció:

Lo dispuesto, conforme a esta ley, en los artículos 90 y 93.2 del Código Penal, respecto a las circunstancias para acceder a la concesión de la libertad condicional, y en el artículo 72.5 y 6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria respecto a la clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento penitenciario, será aplicable a las decisiones que se adopten sobre dichas materias desde su entrada en vigor, con independencia del momento de comisión de los hechos delictivos o de la fecha de la resolución en virtud de la cual se esté cumpliendo la pena.

La entonces Dirección General de Instituciones Penitenciarias dictó la Instrucción 2/2004 para la adecuación del procedimiento de actuación de las Juntas de Tratamiento a las modificaciones normativas introducidas por la Ley orgánica 7/2003, conteniendo en ella la siguiente previsión:

La exigencia de las previsiones del artículo 36.2 del Código Penal opera en todas las propuestas y resoluciones de clasificación inicial o progresión a tercer grado que se produzcan a partir de la entrada en vigor de la. L.O. 7/2003, de conformidad con lo dispuesto en su Disposición transitoria única sobre la aplicación del artículo 72.5 y 6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria en materia de clasificación o progresión a tercer grado de tratamiento penitenciario, que remite a los requisitos establecidos por el Código Penal para dichas clasificaciones.

Algunas resoluciones judiciales interpretaron igualmente que, aunque la Disposición Transitoria no incluyera en su texto las disposiciones del art. 36 del Código penal, sin embargo entre las exigencias del artículo 72.5 de la Ley Orgánica General Penitenciaria para acceder al tercer grado aparecía desde entonces la de cumplir “los requisitos previstos por el Código Penal”. Teniendo en cuenta que hasta ese momento el Código Penal no contemplaba requisito alguno para acceder al tercer grado, por una vía indirecta se podía estar exigiendo el cumplimiento del periodo de seguridad previsto en el art. 36 en cualquier resolución posterior al 1 de Julio de 2003 (fecha de entrada en vigor de la reforma operada por la LO 7/2003) que acordara la progresión a tercer grado. En este sentido se inclinó la Sección IV de la Audiencia Nacional en un auto de 6 de Julio de 2005.

Sin embargo, ello fue descartado por varias Audiencias Provinciales que, por el contrario, entendieron que tal interpretación supondría reconocer la retroactividad de una norma desfavorable y de contenido material genuinamente penal. En este sentido se pronunciaron la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Madrid (Auto de 6 de junio de 2004), la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (Auto de 15 de Junio de 2004), y la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Cádiz (Auto de 14 de Marzo de 2005).

Pues bien, la Instrucción 2/2005 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias tuvo que venir a derogar la anterior Instrucción 2/2004, modificando el criterio sobre la retroactividad en la aplicación del período de seguridad, y conforme al criterio establecido por las Audiencias Provinciales, señalando que:

(…) el periodo de seguridad no será aplicado retroactivamente a todos aquellos casos en los que la fecha de la sentencia por la que cumple condena sea anterior al día 2 de julio de 2003, momento de entrada en vigor de la LO 7/2003.

Como se adivina, no obstante, aún habría de modificarse nuevamente lo contenido en esta Instrucción, dado que lo que se tendría en cuenta sería la fecha en que se hubiera dictado la sentencia, y no la fecha de comisión de los hechos objeto del delito (principio de seguridad jurídica). Para ello hubo que esperar a que el Tribunal Supremo se pronunciara al respecto.

Así, una Sentencia del Tribunal Supremo dictada el 12/06/2006 resolvió un recurso contra el auto de la Audiencia Nacional que antes hemos mencionado. Se trataba de un recurso para unificación de doctrina sobre el ámbito de la aplicación de la Disposición Transitoria Única de la LO 7/2003, y en él se tomaron en cuenta junto al auto de la Audiencia Nacional, los autos emitidos por diversas Audiencias Provinciales. Pues bien, el Tribunal Supremo excluyó tajantemente al art. 36 del Código Penal de la vigencia de dicha Disposición Transitoria. Estableció que no podía ser aplicado el requisito del cumplimiento de la mitad de la condena para acceder al tercer grado penitenciario a penados condenados por hechos ocurridos con anterioridad a la vigencia de la LO 7/2003, es decir con anterioridad al 2 de Julio de 2003, porque:

(…) siendo más perjudicial la Ley nueva que la existente en el momento de la comisión del delito concernido, sin que por otra parte no exista específica y concreta referencia legal en la Disposición Transitoria Única al art. 36 del CP, no es posible una interpretación extensiva en contra del reo.

Dicho de otro modo, la Disposición Transitoria citada contiene un ámbito de vigencia exclusivamente referido a los arts. 90 y 93-2° del Código Penal. En el presente caso, la resolución atacada, ha aplicado, además, extensivamente, dicha Disposición Transitoria al arto 36 del Código Penal que quedaba fuera del ámbito de dicha Disposición sin que pueda admitirse esa explicación por su naturaleza de interpretación extensiva en contra del reo por la vía oblicua del arto 72-5° de la LOGP, como efectuó la Sección IV de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En consecuencia, hay que declarar que la interpretación que efectúa la Sección IV de la Sala de lo Penal en el auto recurrido de exigir el cumplimiento de la mitad de la pena de prisión impuesta al penado para acceder al tercer grado penitenciario anunciando los hechos por los que ha sido condenado ocurrieran antes de la vigencia de la Ley 7/2003, no es ajustado a derecho y por ello debe ser rectificada esa interpretación dando lugar, en consecuencia al éxito del motivo, y con él al recurso formalizado.

(…) declaramos que el ámbito de aplicación de la Disposición Transitoria Única de la LO. 7/2003 de 30 de Junio queda delimitado exclusivamente para los casos en los que sea procedente la aplicación del art. 90 y 93-2° del C.P. y 72-5° Y 6° de la LOOP, debiéndose excluir de su aplicación cualquier otro precepto del C.P. que no venga expresamente mencionado en dicha Disposición. Por tanto, queda fuera de la vigencia extraordinaria que dicha Disposición declara, el art. 36 del C.P. en su versión anterior la Ley 7/2003. En consecuencia no es exigible el cumplimiento de la mitad de la condena de prisión a los penados por hechos delictivos cometidos antes de la vigencia de la actual redacción del arto 36, y por tanto sólo les será aplicable la exigencia del cumplimiento de la mitad de la condena de prisión cuando los hechos se hayan cometido con posterioridad a la vigencia del texto del art. 36-2°, que entró en vigor el día 2 de Julio de 2003.

Como hemos dicho, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias tuvo que rectificar el criterio por segunda vez (aunque esta vez ya no lo hizo a través de una Instrucción), para que las Juntas de tratamiento adaptaran su funcionamiento a esta Sentencia del Tribunal Supremo dictada en casación para unificación de doctrina.

Aunque no podemos afirmar que la nueva regulación de la libertad condicional sea, en bloque, menos favorable que la anterior, sí existe la certeza de que el régimen de revocación es objetivamente más perjudicial para el penado. Es decir, constituye una norma penal (tiene efectos directos sobre la pena impuesta) que contiene una medida más restrictiva de los derechos individuales, en este caso la libertad, con respecto a la legislación anterior. De hecho, la pérdida del tiempo pasado en libertad condicional, que en un primer momento se contempló como excepción únicamente aplicable a condenados por terrorismo (antiguo art. 90.3 CP), se contempla ahora como norma general para la totalidad de la población penitenciaria. Por lo tanto, se puede entender que el penado tendrá derecho a ser oído acerca de qué régimen de libertad condicional estima más favorable a su situación, tal y como se deriva del art. 2.2 del Código penal (“en caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo”) y de la propia Disposición transitoria 1ª de la LO 1/2015 (“En todo caso, será oído el reo”). Evidentemente, sólo deberían pronunciarse los penados condenados por hechos cometidos antes de la entrada en vigor de la reforma del Código penal por la LO 1/2015, dado que los hechos cometidos con posterioridad a la vigencia de ésta no ofrecerían duda alguna sobre qué legislación aplicar (principio de seguridad jurídica, art. 9.3 CE). Y en todo caso, si el penado entiende que son más favorables las normas vigentes en el momento en que cometió los hechos, éstas se tendrían que aplicar en bloque. Es decir, no se podría exigir la aplicación de la nueva modalidad de adelantamiento de la libertad condicional a la mitad de la condena del actual art. 90.3 del Código penal y a la vez el régimen de revocación más favorable del antiguo art. 90.3.

Por último, pero no menos importante, no hay que perder de vista un detalle. En la Disposición Transitoria única de la LO 7/2003 se estableció que sería aplicable desde su entrada en vigor lo dispuesto respecto a las circunstancias para acceder a la concesión de la libertad condicional, PERO NO respecto a las consecuencias de la revocación: la disposición se refirió explícitamente a los artículos 90 y 93.2 del Código Penal, dejando intencionadamente al apartado 3º del art. 93 (aparatado que introdujo la pérdida del tiempo pasado en libertad condicional para condenados por terrorismo) fuera del ámbito de aplicación de la misma.

Visto todo lo anterior, veo muy arriesgado obligar a firmar a los futuros liberados condicionales el Anexo II de la Instrucción 4/2015 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. No sé qué ocurrirá con esta cuestión, pero desde luego no tengo nada claro que esta Instrucción no deba ser modificada en un  futuro no muy lejano, al igual que ocurrió con la aplicación retroactiva del período de seguridad. En todo caso, entiendo que si el legislador hubiera querido aplicar de esta forma las nuevas normas que regulan la libertad condicional, lo hubiera expresado así. Y ello al margen de cualquier juicio que sobre la constitucionalidad que de esa disposición pudiera plantearse.

Paloma Ucelay, Jurista del Cuerpo Superior Técnico de Instituciones Penitenciarias.

Foto cortesía de morguefile.com (por hotblack)

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26 pensamientos en “La libertad condicional tras la Ley orgánica 1/2015

    1. Paloma Autor

      Gracias Carlos. Veo que en vuestro blog no os conformáis con ofertar preparación, sino que aportáis algo más. Seguro que los opositores a nuestro cuerpo se alegran de que cada vez haya más información al respecto. Enhorabuena y suerte con vuestra academia. Si alguna vez queréis compartir alguna reflexión en Juristas invitados, está a vuestra disposición.
      Un saludo

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  1. coco

    hola,me gustaria saver si dais informacion sobre la nueva ley de libertad condicional,pues tengo mi sobrino que deberia salir en condicional en septiembre,pero le han dicho que por la nueva ley no se la dan,y no es justo..gracias

    Responder
    1. Paloma Autor

      Coco, el jurista de la prisión o centro de inserción social donde se encuentra tu sobrino debe informarle de los requisitos que necesita cumplir para poder acceder a la libertad condicional. Aconséjale que dirija una instancia al jurista solicitando información al respecto. En todo caso, tras la reforma del código penal, el art. 90.7 señala claramente que la libertad condicional la debe estudiar el juez de vigilancia penitenciaria a solicitud del penado, es decir, ya no es imprescindible que exista una propuesta previa de la junta de tratamiento. Por tanto, tiene abierta también la vía de dirigirse al juez, que resolverá lo que estime oportuno para su situación.

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  2. Javier

    Buenas Noches. Soy un interno en tercer grado al que le están “forzando” a solicitar la condicional de acuerdo a la nueva modalidad. Me quedan ocho meses y medio para el cumplimiento de la pena y tendría que pasar por una suspensión mínima de dos años y una condiciones que solo conocería una vez aprobada,todo ello por supuesto no supone ningún beneficio. (la nueva norma establece un periodo entre dos y cinco años). Por ello he solicitado al JVP que se pronuncie sobre cual libertad condicional debe de aplicarme, al estar juzgado y condenado por el código de 1995. El desconocimiento de los equipos técnicos (educadores, psicólogos, trabajadores sociales) es enorme y muy confuso, creando una enorme inquietud entre los internos, que a la vista de lo que se avecina parece no decantarse por este tipo de libertad condicional. Por ejemplo en una pena de tres años, que con podría solicitarse a la mitad de la condena (un año y medio), con un periodo de condicional de año y medio, se convertiría en una suspensión de condena mínima de dos años; frente al modelo antiguo donde con adelantamiento a los 2/3 quedaría un año de condicional solamente. ¿Que beneficio real se obtiene con ello? ¿Quizás salir seis meses antes en libertad para tener una suspensión de condena, con el riesgo que puede conllevar de dos años y que además no corra el tiempo de cumplimiento……?. Por supuesto a condenas largas, no será aplicable nunca el adelantamiento a las 2/3 partes, al ser mayor el tiempo que resta para el cumplimiento, que el máximo de cinco años indicado para la condicional.
    Perdón por la extensión, pero me parece un tema muy interesante (aparte de interés personal) y que va a crear bastante polémica en los centros penitenciarios entre los internos.

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    1. Paloma Autor

      Javier, creo que dirigirte al Juez de Vigilancia Penitenciaria es lo mejor que podías hacer. Tu situación es un claro ejemplo de algunas de las situaciones desfavorables que puede traer la aplicación automática del nuevo régimen de libertad condicional. En concreto tocas un tema (el plazo de suspensión mínima de dos años cuando el tiempo que resta de cumplimiento de la pena es menor) que ha provocado sorpresa en la reforma, y que quizá ha sido un despiste del legislador, fruto de las prisas por aprobar la reforma. En todo caso, el penado tiene derecho a pronunciarse, en caso de duda, sobre la determinación de la Ley más favorable, así que sólo te queda esperar la respuesta del Juez.
      Aprovecho para recordar que este blog es un ámbito de reflexión e intercambio, y todo comentario u opinión es bienvenido siempre, pero en ningún caso podrá utilizarse para realizar consultas particulares, dado que para esta finalidad se encuentran los juristas de cada centro.

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      1. Javier

        Evidentemente son solo comentarios frente a una ley que a todas vistas parece injusta y sobre todo innecesaria. No era mi intención realizar consultas ya que lo tengo bastante claro (creo que así lo he expuesto) y sé que este medio no es el adecuado para ello.
        Por otro lado, como siempre, el tener que esperar, algo en lo que dentro de prisión es muy agobiante, siempre perjudica al mismo. Cargamos con la culpa de quién hace las cosas a medias

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        1. Paloma Autor

          Javier, tu aportación ha sido muy enriquecedora, créeme. Al referirme a consultas personales no estaba teniendo en cuenta tu comentario 😉 sino a algunas personas que contactan a través del formulario para asesorarse sobre situaciones particulares. Perdona si ha podido malinterpretarse, y gracias de nuevo por participar. Si quieres, nos puedes contar cómo se resuelve tu caso por el Juez, sería muy interesante para todos.
          Un saludo y ánimo con la espera

          Responder
          1. Javier

            Bueno el tema sigue su curso……… El juez me ha contestado que no se va a pronunciar hasta que no tenga el expediente y entonces…. ya decidirá que tipo de condicional me aplicará. Por otra parte le ha comunicado al director del centro que a todos los internos juzgados por el código antiguo se les aplicará la condicional de acuerdo a los postulados clásicos. Es decir a mi me dice que ya veremos y al director le contesta que la antigua. Creo que es un caso claro de indefensión pero ya me he cansado de pleitar. Por otra parte ahora le estan entrando las prisas en elevarme la condicional (tras solicitarla en plan clásico), pues ya hace más de dos meses que tendrían que habermela solicitado, antes de cambiarme de centro (CIS), y me enviaron (hace más de un mes) a este habiendo solicitado por instancia permanecer en el centro penitenciario hasta recibir la contestación del JVP y tomar entonces la decisión. La elevación de la condicional en el centro penitenciario era una condición impuesta por la Secretaría General para el cambio de centro. Veremos como acaba todo esto. Si hubiera aceptado y solicitado la nueva ley ahora ya estaría “disfrutando” de la condicional.

          2. Paloma Autor

            Vaya, cuando te dirigiste al Juez ¿no expresaste qué normativa te parecía más beneficiosa? Si es así, me extraña que no te pregunte acerca de ello, pues lo interesante es que en caso de duda el penado se pronuncie.
            En cuanto a que el Juez tenga el criterio a priori de aplicar la normativa anterior a los condenados por hechos anteriores a la reforma, me parece bastante coherente teniendo en cuenta que la nueva normativa de libertad condicional es más benficiosa sólo en la modalidad de adelantamiento a la mitad de la condena, pero en lo demás parece ser más “dura” en sus consecuencias. No obstante, el penado debería alegar lo que estime oportuno, y el Juez decidir con todos los datos en la mano.
            Ánimo y te deseo que no se demore más el expediente.
            Un saludo

  3. Elizabeth noemi Rivera araneda

    Mi esposo David alberto ballesteros Torres. Llevando21 años privado de libertad jamasssss le han dado ningun Beneficio .siendo que gendarmeria manda .su informe falso, siendo que El esta cumpliendo con Los requisitos que pide El beneficio de libertad condicional. Mas aun su Hermano .leopoldo alexis Ballesteros Torres condenados al mismo delitos y años se le concedio la libertad condicional en marzo del año pasado .En la unidad de concepciòn. POR lo cual no encuentro justo que sea uno que se lo den y ami esposo Alberto David Ballesteros Torres no encuentro una injusticia .sin tener homicidios Encuentro algo vulnerado.El cumple con todas las norma que pide gendarmeria y porque gendarmeria no manda El informe De alberto David Ballesteros Torres como gendarmeria puede mandar El informe falso siendo que gendarmeria sabe que El lo cumple para .lo que solicita la comisiòn de libertad condicional que pasa es ilogico que 2 personas condenadas al mismo años y delitos a uno se lo den y a Alberto David Ballesteros Torres no y leopoldo alexis Ballesteros Torres se vino en marzo otorgado con El beneficio de libertad condicional del año marzo 2014. Nada mas que decir solo tomen en cuenta El tiempo que lleva privado de libertad y cumple con todas los requisitos. Conduca sobraliente .estudios cumplidos trabajo y otorgado con beneficios rebaja condena que OTORGA la corte . Bendiciones

    Responder
    1. Javier

      Disculpa pero creo que has entrado en una página relacionada con la ley penitenciaria española y por los datos que aportas, son de otra jurisdicción

      Responder
  4. Carlos

    En mi Centro se habló con la JVP tras conocerse la postura de la Fiscalía del TS y la de Cataluña y se sigue ese mismo criterio. No se aplica la nueva LC a internos con fecha de hechos anteriores a la entrada en vigor de la reforma, salvo a petición propia, en cuyo caso sí se les hace firmar el consentimiento informado del anexo II

    Responder
    1. Paloma Autor

      Agradezco tu aportación, Carlos. Es cierto que la Instrucción que ha emitido Cataluña se inclina también en el sentido que comentas, aunque desconocía que la Fiscalía del TS se hubiera pronunciado sobre el tema. Es bueno saberlo. Teniendo en cuenta las dudas que se plantean en todo esto, reunirse con el Juez de Vigilancia Penitenciaria de la zona resulta muy útil para establecer un procedimiento lo más acorde posible con la nueva norma. Es más, teniendo en cuenta que ahora la libertad condicional se “pide” al Juez (art. 90.7 CP), se replantea en cierto modo el papel de las Juntas de Tratamiento. Puede que en la práctica no varíe mucho la elaboración en sí de los expedientes de libertad condicional (es cuestión de matices), pero dado que el procedimiento en el Reglamento penitenciario no ha sido modificado, encajarlo con las nuevas normas sobre libertad condicional no resulta fácil en algunos aspectos.
      Gracias de nuevo por tu comentario.

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  5. Antonio

    Buenas tardes Paloma,

    El motivo de mi correo es, porque quiero hacerle una consulta en relación a la modificación de la libertad condicional, del pasado año:

    En la nueva redacción dada del artículo 90 del C.P, su segundo parrado del apartado dos, (90.2) es un poco confuso en relación al plazo requerido de extinción para acceder a este beneficio. Dice:
    “A propuesta de Instituciones Penitenciarias y previo informe del Ministerio Fiscal y de las demás partes, cumplidas las circunstancias de las letras a) y c) del APARTADO ANTERIOR, (Entendemos que hace referencia al 90.1: 3º grado y observar buena conducta) el juez de vigilancia penitenciaria podrá adelantar, una vez extinguida la mitad de la condena, la concesión de la libertad condicional en relación con el plazo previsto en el APARTADO ANTERIOR, (¿Hace referencia al 90.1 o 90.2?, Aquí está mi duda, que no sé si se refiere a las 3/4 o 2/3 partes, ya que en el modificado art. 91 quedaba claro que eran 2/3 partes. No se si es un fallo de corta y pega del legislador o un nuevo cambio a tener en cuenta en cuanto a la cuantía de la pena extinguida para acceder a este beneficio) hasta un máximo de noventa días por cada año transcurrido de cumplimiento efectivo de condena. Esta medida requerirá que el penado haya desarrollado continuadamente las actividades indicadas en la letra b) de ESTE APARTADO (Aquí me hace entender que cuando antes decía “apartado anterior” se refiere al 90.1) y que acredite, …”
    Le agradecería su opinión.
    PD: Felicidades por el blog, es muy interesante y educativo para aquellos que queremos seguir vuestro camino.
    Saludos

    Responder
    1. Paloma Autor

      Hola Antonio.
      Efectivamente, coincido contigo en que parece otro despiste más de la atolondrada reforma del Código penal. Yo creo que la voluntad del legislador es referirse a “ESTE apartado” (es decir, a los 2/3) y no al apartado anterior, pero la literalidad, como dices, se refiere a los 3/4. Estoy contigo en que, al modificar los artículos y transformar algunos de éstos en apartados, seguramente no han prestado suficiente atención y no han matizado bien al hacer el corta y pega. Desgraciadamente hay unos cuantos fallos como este en la reforma…
      La verdad es que yo ni me había dado cuenta. Gracias por el aporte y por participar el el blog.
      Un saludo

      Responder
      1. Oscar quispe

        Ola yo soy extranjero cumpli 2/3 de mi pena q fue de 2 años.. el no me quiso dar la condicional y me expulso zq no tenia radicatoria .. pero estaba casado con paraguaya y tenia una hija brasilera con ella .. ahora tengo dos hijas mas una q nacio en argentina y el otro nacio aqui ase 4 meses me expulso x 5 años q ya se cumplio ase como 3 años .. ahora edtoy de vuelta en paraguay y quiero radicarme .. lo q quiero saber es yo ya cumpli los 5 años q me expulso ahora quiero saber si ya se extinguio la causa o debo contratar un abogado…

        Responder
  6. Purificación

    Buenas noches.

    Respecto al plazo para la incoación del expediente disciplinario por la Junta de Tratamiento, el art. 194 del RP señala: “ La Junta de Tratamiento deberá iniciar la tramitación del correspondiente expediente con la antelación necesaria para que no sufra retraso la concesión de este beneficio”.
    He buscado acerca de ese plazo, pero no encuentro nada, solo en una web que dice que normalmente se hace con una antelación de unos tres o cuatro meses al cumplimiento de las 3/4 partes o de las 2/3 partes en su caso. Pero existe alguna instrucción que haga referencia a ese plazo, algún criterio de JVP, etc. donde fundamentar ese plazo de una forma correcta?

    Responder
    1. Paloma Autor

      No, que yo sepa. La “antelación necesaria” que señala el art. 194 RP se calcula que supone un mínimo de unos 2-3 meses, pero no se establece en ningún sitio. Lo importante es que el expediente de libertad condicional debe tener entrada en el Juzgado antes del cumplimiento del tiempo requerido de condena, debiendo justificarse, en caso contrario, el retraso, tal y como establece el art. 198. Y que, cuando un interno cumple todos los requisitos objetivos para la libertad condicional, el Centro debe iniciar el expediente (art. 192 RP), con los matices que establece ahora la Instrucción 4/2015, punto 3.2.1 (recuerda que con la redacción del art. 90, 7º CP, tras la reforma operada por LO 1/2015, se señala que el expediente de libertad condicional se inicia a instancias del interesado; sobre el inicio del expediente tras la reforma hablo un poco AQUÍ, a partir del minuto 5:00).
      Un saludo

      Responder
      1. Juan

        Hola Paloma,

        Me ha parecido muy interesante tu ponencia sobre la nueva reforma aplicada a la libertad condicional, me surge la siguiente duda, ¿el periodo de suspensión de 2-5 años se aplicará siempre independientemente de si se adelanta o no la libertad condicional?
        Comentas también que ahora es el penado el encargado de solicitar la libertad condicional, bien a la Junta de Tto bien al Juez de Vigilancia, antes se procedía de oficio por la Junta, mi pregunta es, ¿puede seguir iniciando oficio la Junta de Tto la propuesta de libertad condicional o desaparece ya esa opción con la nueva reforma?

        Un saludo y gracias

        Responder
        1. Paloma Autor

          Hola Juan.
          Entiendo que sí, que el plazo de suspensión se aplicará siempre, con los matices que demos a la interpretación del párrafo cuarto del nº 5 del art. 90 CP, tras la LO 1/2015, especialmente al inciso “en todo caso, el plazo de suspensión no podrá ser inferior a la duración de la parte de pena pendiente de cumplimiento”. En el encuentro que tuvieron magistrados y fiscales vigilancia penitenciaria en 2015, entendieron mayoritariamente que, así como el plazo nunca podría ser inferior a 2 años (aunque reste menos tiempo de cumplimiento), en cambio el límite de 5 años sí podría superarse si el tiempo pendiente de cumplimiento fuera mayor.
          En cuanto a lo segundo, el inicio de oficio por la Junta, como digo en la ponencia, no desaparece (no se deroga expresamente), pero por el sistema de jerarquía normativa siempre va a prevalecer lo que diga el CP. Por tanto, muchas Juntas siguen iniciando de oficio el procedimiento, pero preguntando antes al penado si está interesado en obtener la libertad condicional. Generalmente se le pide que lo manifieste por escrito.
          Un saludo

          Responder
  7. Mayte

    Hola yo quisiera saber cuanto tiempo tiene que pasar para la libertad condicional de un delito de asesinato y con una condena de 18 años

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  8. eline

    Dear Mrs Ucelay,

    busco un texto recento sobre la libertad condicional en forme de PDF (situacion en Espagne).
    soy estudiante en derechos y es un exercicio.

    Es possible de ayudarme ?

    Muchaus gracias

    Responder
      1. eline

        Necesito un articulo scintifico en espanol sobre una suspension de la pena de prision.
        Por ejemplo tengo un articlo italiano “L’esecuzione della pena detentiva e la ricostruzione sistematica della nozione di gravita delle condizioni di salute del detenuto.” de Centonze A.

        Responder

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