El pasado 20 de julio el Tribunal Supremo dictó sentencia de casación ordenando a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias repetir el examen práctico (tercer ejercicio) a un aspirante a jurista de prisiones por promoción interna, al que suspendió en 2016.
La Administración, que consideró que el aspirante a jurista de prisiones no había superado esta prueba, no informó previamente de cuáles eran los criterios de evaluación de cada pregunta. No había fijado con qué criterio se iban a repartir los 20 puntos con los que, como máximo, se puntúa el ejercicio consistente en realizar un informe con la información aportada por el tribunal evaluador.
Los establecimientos penitenciarios de Cuenca, Cáceres, Villena (Alicante II), A Lama (Pontevedra), Teixeiro (A Coruña) y Mallorca han recurrido ya a la sanidad privada a causa de la falta de médicos de atención primaria en las prisiones(la atención especializada se canaliza a través de los hospitales más cercanos a las prisiones). Parece que el recurso a la sanidad privada para suplir bajas de médicos y jubilaciones de médicos penitenciarios ha venido para quedarse.
Instituciones Penitenciarias ha autorizado también un sistema de guardias telemáticasen algunas cárceles para que los médicos penitenciarios atiendan telefónicamente consultas más urgentes.
El Defensor del Pueblo ha venido denunciando durante años la carencia de médicos penitenciarios para la asistencia primaria, pero el problema no hace más que aumentar.
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud ordenó hace casi 20 años transferir la sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas. Sin embargo, a día de hoy, solo Navarra, País Vasco y Cataluña han hecho realidad este mandato. Navarra lo hizo en 2021, una década más tarde que las dos Comunidades que tienen transferidas la gestión de las prisiones (Cataluña en 2010 y País Vasco en 2011). Los médicos que trabajan en las cárceles del resto de España siguen integrados en el Ministerio del Interior.
Encuentro anual de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria
El pasado mes de mayo de 2022 tuvo lugar en Pamplona el encuentro anual de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria de toda España.
Tres fueron los objetivos perseguidos en esta XXX edición:
Profundizar y actualizar su conocimiento sobre la doctrina y jurisprudencia constitucional más reciente relativa a los derechos fundamentales de los penados a penas privativas de libertad, en especial en su conexión con el derecho a la reinserción.
Exponer y debatir acerca de las dificultades de tutelar los derechos fundamentales sin una ley procesal penitenciaria y, en particular, sin un proceso específico de tutela.
Actualizar los criterios de actuación de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria ante las deficiencias legales aludidas. En especial, en materia de medidas de seguridad y libertad condicional.
Refundición de los Criterios de 2019 y 2021
Previamente a la celebración de estas Jornadas de 2022, se había procedido a refundir en un documento los Criterios de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria aprobados en la reuniones de 2019 (Ciudad Real) y 2021 (Barcelona). En el año 2020 no se celebró la reunión anual debido a la crisis del coronavirus.
Entre las novedades más relevantes de los encuentros de 2019 y 2021, destacan las siguientes:
Hace unos días tuvimos una nueva charla con Juan Leandro del Viejo, de funcionarioprisiones.com, donde comentamos algunas estadísticas sobre población reclusa en España, mencionamos los delitos más comunes y reflexionamos acerca del fin constitucional de la reinserción social:
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La entrevista también se puede escuchar en Spotify:
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Estadísticas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que mencionamos en la entrevista, aquí.
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