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El procedimiento de actuación ante los órganos de la jurisdicción de vigilancia penitenciaria

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Ya hemos comentando en este blog la urgente necesidad de que se promulgue de una vez por todas una ley reguladora de los procedimientos ante los jueces de vigilancia penitenciaria. Y así lo han reiterado ellos mismos año tras año al Gobierno, apoyados en el artículo 78 de la propia Ley Orgánica General Penitenciaria.

Mientras seguimos esperando la publicación de dicha norma procesal específica, encontramos anualmente algunas directrices en los Criterios de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria: no necesidad de abogado y procurador, plazo de audiencia, legitimación para intervenir ante los Juzgados, suspensión de actos administrativos recurridos, competencia territorial…

Resulta también de especial utilidad la obra El procedimiento de actuación ante los órganos de la jurisdicción de vigilancia penitenciaria. Hacia un Derecho Procesal Penitenciario, de Juan Rafael Benítez Yébenes. El autor es Magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga y Juez de Vigilancia Penitenciaria, Doctor en Derecho por la Universidad de Córdoba, Profesor asociado de Derecho Procesal de la Universidad de Granada, así como fundador y presidente de la Asociación Melillense de Estudios Penitenciarios.

Una obra muy interesante para todos los profesionales del ramo (abogados, jueces, fiscales, secretarios judiciales, juristas de prisiones…) que deberían contar ya, a estas alturas, con unas normas bien definidas sobre el funcionamiento ante estos juzgados.

Más libros aquí.

La Inteligencia Artificial aplicada al Derecho Penitenciario

Por e-Libertas, equipo multidisciplinar formado por psicólogos, trabajadores sociales y juristas con amplia experiencia en el campo penitenciario y penal

La Inteligencia Artificial aplicada al Derecho Penitenciario

No cabe duda de que hablar de Inteligencia Artificial (IA) es hablar de la conversión de los datos en conocimiento y, por lo tanto, de avance y de futuro en los distintos campos donde la aplicación en el mundo jurídico es ya una realidad. Su utilización va ganando terreno en el campo del Derecho, y es ya una realidad en el área penitenciaria y penal gracias al esfuerzo en inversión tecnológica realizada por e-Libertas. Con esta nueva tecnología y una compleja formulación de los algoritmos, podremos llegar a saber si un interno está capacitado para hacer un buen uso del régimen de semilibertad, del disfrute de un permiso penitenciario o de una libertad condicional, teniendo en cuenta todos los fines de la pena.

Poniendo como ejemplo el estudio sobre los permisos de salida, la TVR (Tabla de Variables de Riesgo) que aplica la Administración penitenciaria fue el punto de partida de la aplicación de la IA en este campo, a través de la Instrucción 22/1996 de 16 de diciembre, dictada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y actualizada por la Instrucción 1/2012, de 2 de abril (sin apenas cambios en 27 años sobre la TVR), en materia de “Gestión Penitenciaria de Permisos y Salidas Programadas”.

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Los muros de las prisiones

Los muros de las prisiones, aparte de evitar que los presos huyan, sirven sobre todo para que nadie vea lo que sucede tras ellos

(Xosé Tarrío)

La Plaza de Xosé Tarrío (Madrid)

Hace 12 años, siendo el cuarto aniversario de la muerte del interno Xosé Tarrío, autor de la frase que encabeza este artículo, familiares, compañeros y amigos suyos organizaron un pequeño acto de homenaje en una plaza de Lavapiés. La «bautizaron» con su nombre, Plaza de Xosé Tarrío, y lo colocaron sobre una placa de azulejos. Esta nueva denominación del lugar no existe para el Ayuntamiento, pero sí para los vecinos y para Google maps. Tanto aquellos azulejos como las distintas placas que sucesivamente fueron instalando se han ido retirando, una tras otra, por los operarios municipales.

Xosé Tarrío entró en prisión con una condena de dos años y medio, por delitos comunes y acabó 17 años encarcelado. Murió supuestamente de SIDA, enfermedad que contrajo en prisión, y de la que denuncian no se le trató ni diagnosticó convenientemente.

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Manual práctico sobre ejecución penal y Derecho Penitenciario, 2ª Edición (enero 2022)

Obra de contenido marcadamente práctico, muy útil para abogados cuya actividad no concluye tras la celebración del juicio, especialmente cuando no ha habido una sentencia totalmente favorable.

Ofrece información necesaria para desenvolverse, tanto ante el juzgado o tribunal encargado de la ejecución, como ante los órganos del centro penitenciario donde se produzca el ingreso.

Sintetiza no solo los principios teóricos en la materia, sino también la jurisprudencia que los desarrolla, todo ello complementado con una selección de formularios para encauzar las distintas peticiones.

Más info (autor, precio, páginas, formatos…).

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Abogados y juristas de prisiones, ¿confusión?

Abogados y juristas de prisiones confusión

Imagen cortesía de freedigitalphotos.net, por Toa55.

02/03/2014

Leemos en el portal de la Junta de Andalucía que, tras casi dos años de espera, parece que al fin va a reanudarse el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) en esta Comunidad Autónoma. Este servicio de asesoramiento jurídico se había instaurado en 2008, mediante un convenio firmado por la Consejería de Justicia, el Ministerio del Interior y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, pacto que se había ido renovando anualmente a través de una addenda. Hasta 2011.

Según informó en su momento el Ministerio, la solicitud de renovación del convenio se venía haciendo a principios de año; sin embargo, esta vez la Junta de Andalucía lo había solicitado en noviembre, casi a un mes de que finalizara el año 2012. Teniendo en cuenta que la Ley de Estabilidad Presupuestaria requiere los informes preceptivos y vinculantes del Ministerio de Hacienda, de la Abogacía del Estado, de la Secretaría técnica de Interior y de la Comisión delegada de Política territorial, parecía claro que el 2012 iba a ser un año “en blanco” en cuanto a la renovación del convenio. Los decanos de los Colegios de Abogados de ciudades andaluzas como Cádiz o Huelva enviaron entonces una carta a los letrados instándoles a suspender los servicios, a petición de la Junta de Andalucía, para evitar que se devengaran actuaciones que no fueran a ser retribuidas.

APDHA (Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía), una de las organizaciones que más ha luchado por la recuperación de este servicio de asistencia letrada, ha declarado lo siguiente: el número aproximado de juristas por preso es de uno por cada 300, por lo que entienden «materialmente imposible» que puedan atender adecuadamente a los internos ya que, además, «no es su función». «Es absurdo y contradictorio, porque son jueces y parte», dicen. Y ponen este ejemplo: «es como si a un juez que te ha condenado le pides que te escriba un recurso».

http://www.eldiario.es/andalucia/asistencia-letrada-especifica-carceles-reanudara

En muchas ocasiones, como en esta noticia, se confunden las funciones del jurista de prisiones con las del abogado que entra en un centro penitenciario. A los juristas nos corresponde, entre otras tareas, informar a los internos de las cuestiones que afectan a su situación penal, procesal y penitenciaria. Pero nuestra labor no es “defenderles”, sino informarles de los recursos jurídicos que tienen a su alcance (acumulación de condenas, abonos de preventiva, recursos contra resoluciones que les afectan, convenios de traslado para condenados extranjeros, pago de la responsabilidad civil derivada del delito, etc), todo ello en orden a mejorar u optimizar su situación durante su estancia en prisión. Seguir leyendo