I Congreso de Justicia Penal, cumplimiento penitenciario y prácticas restaurativas de ASEMED

Congreso organizado por la Asociación Española de Mediación, con la colaboración de LEFEBVRE.

Fecha: 15 de abril de 2021. Será en streaming.

Ponentes: participarán el Ministro del Interior, la Fiscal General del Estado, el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Magistrados del Tribunal Supremo y de diversas Audiencias Provinciales, y otros profesionales del sector.

Se tratarán, entre otros temas, los principales desafíos actuales en torno a la mediación penal, el estado actual de la Justicia restaurativa en las prisiones españolas y el papel de la víctima en la mediación penal.

Acredita 10 horas de formación docente en justicia restaurativa, mediación penal, y Derecho penal y penitenciario en el registro de cursos de mediación del Ministerio de Justicia (código id. 20.491).

Página del congreso e inscripciones.

PIDECO, primer programa de tratamiento en el mundo dirigido a condenados por delitos económicos

El Programa de Intervención en Delitos Económicos (PIDECO), del que ya están participando 68 internos de prisiones españolas, consta de 32 sesiones dedicadas a motivar al participante, trabajar la identidad, el autoconcepto, la autoestima, las habilidades sociales, el narcisismo, egocentrismo, el liderazgo, la humildad o la empatía, así como la responsabilidad sobre la propia conducta delictiva y el sistema de valores. En su fase final, por la vía de la Justicia Restaurativa, se facilitan encuentros de los participantes con víctimas de delitos económicos, ya sean perjudicados directos o indirectos del hecho delictivo, con el objetivo de propiciar la petición de perdón y la búsqueda de la reparación del daño.

La noticia completa, aquí (si buscas en la web oficial de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por ahora no encontrarás nada: las novedades “tratamentales” suelen concederlas primero a los medios).

¿Cuándo hay quebrantamiento de la pena de TBC?

Quebrantamiento de la pena de TBC

(Este artículo ha sido publicado antes en Law&Trends).

11/06/19

Dentro de las penas privativas de derechos, el Código Penal incluye los trabajos en beneficio de la comunidad (en adelante, TBC). El art. 49 define esta pena y sus condiciones. No podrán imponerse nunca sin el consentimiento del penado y obligan a este a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la participación en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares. Su duración diaria no podrá exceder nunca de ocho horas.

Cuando un condenado a TBC ha incumplido la pena, total o parcialmente, nos plantea con frecuencia dos cuestiones:

¿Cabe condena por delito de quebrantamiento?

¿Pueden abonarse las jornadas cumplidas como si de un abono de preventiva se tratara?

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Ejecución de la sanción penal y Ciencia

19/02/19

Por Manuel Fanega*

Tengo la impresión de que treinta años sin Criminología en las prisiones dependientes de la SGIP han ido separando a estas de la innovación y del entendimiento de la cuestión delictiva en su conjunto. Es cierto que, comparativamente, contamos con cifras muy positivas en preventivos, que hay un avance y crecimiento en toda Europa en medidas alternativas a la prisión y que las dimensiones custodia y Estado de derecho se comportan entre las mejores del mundo.

Pero ninguna de ellas tienen el peso que nos marca explícitamente la Constitución Española y la jurisprudencia internacional, a cuya obediencia estamos vinculados. El impulso que los grandes penitenciaristas de finales del siglo pasado dieron a la política penitenciaria ha quedado desvanecido en ausencia de sustanciosa crítica intelectual dentro de la institución. Al menos, no que haya quedado plasmada en norma posterior a la LOGP: no podemos escudarnos en que existen “algunos” programas de tratamiento, incluso concertados con universidades y fundaciones, sino que la ciencia ha de estar imbricada en el trabajo diario de las organizaciones, de manera sistemática; y más en esta, que está limitando derechos fundamentales.

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Autorización de trabajo a los penados extranjeros

Autorización de trabajo a penados extranjeros22/11/18

Como adelantamos en el artículo de “La reinserción social de los penados extranjeros“, vamos a continuar desgranando este tema hablando de la autorización para trabajar que pueden obtener aquellos que se encuentran en prisión, régimen abierto o libertad condicional.

El objetivo prioritario de  la  actividad  penitenciaria establecido por el art. 25.2 de la Constitución, sin diferenciar a españoles de extranjeros, es la reeducación y reinserción social. Así lo confirman el art. 1 de la LOGP y el art. 2 del RP cuando establecen los fines de la ejecución de la pena. La condición de extranjero, por sí sola, no ha de tener consecuencias en materia de ejecución penal (art.  3  LOGP  y art. 4  del  RP). Como ya apuntamos en el artículo anterior, el legislador español no ha previsto un modelo de ejecución penitenciaria específico para los internos extranjeros.

Uno de los elementos fundamentales del tratamiento penitenciario es el trabajo, especialmente el de carácter productivo. El art. 5 del RD 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados  que  realicen  actividades  laborales  en  talleres  penitenciarios  y  la  protección  de  la  seguridad social  de  los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad, establece los derechos laborales básicos de los internos trabajadores, entre los que se incluye el derecho a no ser discriminados por razones de nacionalidad para el empleo o una vez empleados.

Sin embargo, la Ley de extranjería condiciona la obtención de la autorización de trabajo a la correspondiente autorización administrativa previa para residir y trabajar (art. 36). Seguir leyendo