Los establecimientos penitenciarios de Cuenca, Cáceres, Villena (Alicante II), A Lama (Pontevedra), Teixeiro (A Coruña) y Mallorca han recurrido ya a la sanidad privada a causa de la falta de médicos de atención primaria en las prisiones (la atención especializada se canaliza a través de los hospitales más cercanos a las prisiones). Parece que el recurso a la sanidad privada para suplir bajas de médicos y jubilaciones de médicos penitenciarios ha venido para quedarse.
Instituciones Penitenciarias ha autorizado también un sistema de guardias telemáticas en algunas cárceles para que los médicos penitenciarios atiendan telefónicamente consultas más urgentes.
El Defensor del Pueblo ha venido denunciando durante años la carencia de médicos penitenciarios para la asistencia primaria, pero el problema no hace más que aumentar.
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud ordenó hace casi 20 años transferir la sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas. Sin embargo, a día de hoy, solo Navarra, País Vasco y Cataluña han hecho realidad este mandato. Navarra lo hizo en 2021, una década más tarde que las dos Comunidades que tienen transferidas la gestión de las prisiones (Cataluña en 2010 y País Vasco en 2011). Los médicos que trabajan en las cárceles del resto de España siguen integrados en el Ministerio del Interior.
¿Vamos camino de la privatización de la sanidad penitenciaria en España?
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Paloma Ucelay, Jurista del Cuerpo Superior Técnico de Instituciones Penitenciarias.
Foto cortesía de National Cancer Institute, vía Unsplash
