¿Privatización de la sanidad penitenciaria en España?

Los establecimientos penitenciarios de Cuenca, Cáceres, Villena (Alicante II), A Lama (Pontevedra), Teixeiro (A Coruña) y Mallorca han recurrido ya a la sanidad privada a causa de la falta de médicos de atención primaria en las prisiones (la atención especializada se canaliza a través de los hospitales más cercanos a las prisiones). Parece que el recurso a la sanidad privada para suplir bajas de médicos y jubilaciones de médicos penitenciarios ha venido para quedarse.

Instituciones Penitenciarias ha autorizado también un sistema de guardias telemáticas en algunas cárceles para que los médicos penitenciarios atiendan telefónicamente consultas más urgentes.

El Defensor del Pueblo ha venido denunciando durante años la carencia de médicos penitenciarios para la asistencia primaria, pero el problema no hace más que aumentar.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud ordenó hace casi 20 años transferir la sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas. Sin embargo, a día de hoy, solo Navarra, País Vasco y Cataluña han hecho realidad este mandato. Navarra lo hizo en 2021, una década más tarde que las dos Comunidades que tienen transferidas la gestión de las prisiones (Cataluña en 2010 y País Vasco en 2011). Los médicos que trabajan en las cárceles del resto de España siguen integrados en el Ministerio del Interior.

¿Vamos camino de la privatización de la sanidad penitenciaria en España?

Más artículos sobre sanidad penitenciaria.

Paloma Ucelay, Jurista del Cuerpo Superior Técnico de Instituciones Penitenciarias.

Foto cortesía de National Cancer Institute, vía Unsplash

Revista de Estudios Penitenciarios (2021)

Os dejo aquí la última Revista de Estudios Penitenciarios publicada por el Ministerio del Interior.

Revista de estudios penitenciarios

Artículos contenidos en la publicación:

  • Los trastornos mentales en el medio penitenciario: situación actual y propuesta de mejora (Andrea María García Ortiz)
  • Procesos restaurativos en ejecución penitenciaria: una novedosa y cualificada herramienta para el tratamiento (José Castilla Jiménez y Valentina Capecci)
  • Las jóvenes presas: apuntes históricos sobre la delincuencia y el internamiento de las menores de edad (Sergio Cámara Arrojo)
  • Técnicas actuariales y valoración de peligrosidad. ¿Es este el camino? (Pedro Lacal Cuenca y Puerto Solar Calvo)
  • Estilo parental, ira y experiencias tempranas de crianza en maltratadores (Vicenta Alonso de la Cruz y Esther Calvete Zumalde)

Más libros aquí.

Criterios de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria (2022)

Encuentro anual de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria

El pasado mes de mayo de 2022 tuvo lugar en Pamplona el encuentro anual de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria de toda España.

Tres fueron los objetivos perseguidos en esta XXX edición:

  1. Profundizar y actualizar su conocimiento sobre la doctrina y jurisprudencia constitucional más reciente relativa a los derechos fundamentales de los penados a penas privativas de libertad, en especial en su conexión con el derecho a la reinserción.
  2. Exponer y debatir acerca de las dificultades de tutelar los derechos fundamentales sin una ley procesal penitenciaria y, en particular, sin un proceso específico de tutela.
  3. Actualizar los criterios de actuación de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria ante las deficiencias legales aludidas. En especial, en materia de medidas de seguridad y libertad condicional.

Refundición de los Criterios de 2019 y 2021

Previamente a la celebración de estas Jornadas de 2022, se había procedido a refundir en un documento los Criterios de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria aprobados en la reuniones de 2019 (Ciudad Real) y 2021 (Barcelona). En el año 2020 no se celebró la reunión anual debido a la crisis del coronavirus.

Entre las novedades más relevantes de los encuentros de 2019 y 2021, destacan las siguientes:

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Los muros de las prisiones

Los muros de las prisiones, aparte de evitar que los presos huyan, sirven sobre todo para que nadie vea lo que sucede tras ellos

(Xosé Tarrío)

La Plaza de Xosé Tarrío (Madrid)

Hace 12 años, siendo el cuarto aniversario de la muerte del interno Xosé Tarrío, autor de la frase que encabeza este artículo, familiares, compañeros y amigos suyos organizaron un pequeño acto de homenaje en una plaza de Lavapiés. La «bautizaron» con su nombre, Plaza de Xosé Tarrío, y lo colocaron sobre una placa de azulejos. Esta nueva denominación del lugar no existe para el Ayuntamiento, pero sí para los vecinos y para Google maps. Tanto aquellos azulejos como las distintas placas que sucesivamente fueron instalando se han ido retirando, una tras otra, por los operarios municipales.

Xosé Tarrío entró en prisión con una condena de dos años y medio, por delitos comunes y acabó 17 años encarcelado. Murió supuestamente de SIDA, enfermedad que contrajo en prisión, y de la que denuncian no se le trató ni diagnosticó convenientemente.

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Derecho de acceso de los internos a los informes de su expediente penitenciario

La consolidación del derecho de los internos a acceder a los informes de los profesionales como parte de su expediente penitenciario

Por Javier Ramírez Jiménez, Jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias.

El cumplimiento de las penas privativas de libertad, concretamente la de prisión, conlleva una serie de restricciones inherentes a la ya limitada libertad personal. Si bien la normativa penitenciaria ha tratado de velar para que los reclusos de los establecimientos penitenciarios vieran afectados sus derechos al mínimo, hay determinadas parcelas que, necesariamente, ceden al principio del libre ejercicio de los derechos fundamentales.

Así, por ejemplo, el interno tiene derecho a que la Administración vele por su integridad física y su salud -sin que ello se traduzca en que los centros penitenciarios deban sufragar todos los gastos médicos o terapéuticos de los internos, como los gastos de medicina privada-; los reclusos tienen derecho a profesar los actos propios de su confesión religiosa sin ser obligado ni privado a ello -sin que se traduzca en que tenga derecho participar en actos de culto en el exterior mientras se encuentra cumpliendo la pena, ni que pueda predicar libremente los postulados de su religión a los otros internos en las horas dedicadas a las actividades para la vida diaria-; o, en definitiva, el interno tiene derecho a la tutela judicial efectiva, pudiendo acudir a los tribunales para la impugnación de las resoluciones de la Administración penitenciaria, pudiendo acceder, para ello, a los documentos que obren en su expediente penal y penitenciario y poder así articular su defensa.

Es este último derecho el que ha sufrido un cambio de criterio en cuanto a su ejercicio y protección, a raíz de la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 164/2021, de 4 de octubre de 2021.

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