Os comparto una nueva charla con Juan Leandro del Viejo, de funcionarioprisiones.com, donde comentamos algunas dificultades para la reinserción social de los internos, propuestas de mejora y otros temas relacionados (justicia restaurativa, criminólogos en prisión…).
También tenéis la entrevista disponible en Spotify:
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Ya hemos comentando en este blog la urgente necesidad de que se promulgue de una vez por todas una ley reguladora de los procedimientos ante los jueces de vigilancia penitenciaria. Y así lo han reiterado ellos mismos año tras año al Gobierno, apoyados en el artículo 78 de la propia Ley Orgánica General Penitenciaria.
Mientras seguimos esperando la publicación de dicha norma procesal específica, encontramos anualmente algunas directrices en los Criterios de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria: no necesidad de abogado y procurador, plazo de audiencia, legitimación para intervenir ante los Juzgados, suspensión de actos administrativos recurridos, competencia territorial…
Resulta también de especial utilidad la obra El procedimiento de actuación ante los órganos de la jurisdicción de vigilancia penitenciaria. Hacia un Derecho Procesal Penitenciario, de Juan Rafael Benítez Yébenes. El autor es Magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga y Juez de Vigilancia Penitenciaria, Doctor en Derecho por la Universidad de Córdoba, Profesor asociado de Derecho Procesal de la Universidad de Granada, así como fundador y presidente de la Asociación Melillense de Estudios Penitenciarios.
Sigue leyendoEl pasado 20 de julio el Tribunal Supremo dictó sentencia de casación ordenando a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias repetir el examen práctico (tercer ejercicio) a un aspirante a jurista de prisiones por promoción interna, al que suspendió en 2016.
La Administración, que consideró que el aspirante a jurista de prisiones no había superado esta prueba, no informó previamente de cuáles eran los criterios de evaluación de cada pregunta. No había fijado con qué criterio se iban a repartir los 20 puntos con los que, como máximo, se puntúa el ejercicio consistente en realizar un informe con la información aportada por el tribunal evaluador.
Por ONETs, empresa tecnológica española centrada en el diseño de herramientas LegalTech, Gobertech y predictivas que utiliza Inteligencia Artificial y BigData. Equipo formado por Juristas especializados en Derecho Penal y Penitenciario, Matemáticos e Ingenieros informáticos
No cabe duda de que hablar de Inteligencia Artificial (IA) es hablar de la conversión de los datos en conocimiento y, por lo tanto, de avance y de futuro en los distintos campos donde la aplicación en el mundo jurídico es ya una realidad. Su utilización va ganando terreno en el campo del Derecho, y es ya una realidad en el área penitenciaria y penal gracias al esfuerzo en inversión tecnológica realizada por e-Libertas. Con esta nueva tecnología y una compleja formulación de los algoritmos, podremos llegar a saber si un interno está capacitado para hacer un buen uso del régimen de semilibertad, del disfrute de un permiso penitenciario o de una libertad condicional, teniendo en cuenta todos los fines de la pena.
Poniendo como ejemplo el estudio sobre los permisos de salida, la TVR (Tabla de Variables de Riesgo) que aplica la Administración penitenciaria fue el punto de partida de la aplicación de la IA en este campo, a través de la Instrucción 22/1996 de 16 de diciembre, dictada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y actualizada por la Instrucción 1/2012, de 2 de abril (sin apenas cambios en 27 años sobre la TVR), en materia de “Gestión Penitenciaria de Permisos y Salidas Programadas”.
La Audiencia Nacional autorizó en 2014 la entrada libros electrónicos en prisión, con unas concretas condiciones que impidieran la recepción o emisión de información no controlada por los funcionarios (adquisición por demandadero y que los aparatos no dispusieran de WIFI, puerto USB, ni grabadora de voz). Se trataba de preservar con ello la seguridad de los centros penitenciarios.
Sin emabargo, en 2016, a raíz de varios expedientes posteriores, la Audiencia Nacional dejó sin efecto dicha autorización, dada la imposibilidad de ejecutar la misma por los problemas técnicos que planteaba la carga de información en los dispositivos y el control de su contenido por parte de los funcionarios.
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